En tratamiento sobre tablas, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó esta tarde en su última sesión ordinaria del año, una resolución por la que solicita al gobierno bonaerense ceda el dominio en favor de la Municipalidad de San Isidro, del Puerto de San Isidro, el territorio circundante y demás tierras costeras y ribereñas al Río de la Plata, actualmente de propiedad de la provincia de Buenos Aires.
El cuerpo ratifica su voluntad de que el puerto “tenga un destino y uso exclusivamente de carácter náutico y deportivo,” y rechaza “cualquier proyecto que intente generar desarrollos inmobiliarios y/o comerciales de alto impacto urbano y ambiental en la zona, o de usos no autorizados por la jurisdicción local.”
En los considerandos, que forman parte integrante de la resolución, recuerda que desde hace más de 20 años el municipio de San Isidro “ha tratado de articular con la Provincia de Buenos Aires, el desarrollo urbanístico del Puerto de San Isidro y de la zona costera del distrito, respetando los deseos de la comunidad sanisidrense que incluyen un puerto exclusivamente destinado al uso náutico deportivo, y con un sector costero que respete y preserve los espacios verdes”.
Dice al respecto que en las autoridades provinciales se observa “una actitud contradictoria” porque por un lado “se han asumido compromisos tendientes al logro de descentralizar y alcanzar un desarrollo sustentable en el sector” y por otro “desarrolla actos fácticos y/o crea una nueva normativa produciendo incertidumbre y contradicciones sobre la condición jurídica y la competencia territorial” respecto del puerto de San Isidro.
Señala entonces que en ese contexto “producto de falta de un marco normativo claro” restringen “la eficiencia del ejercicio del poder de policía del estado en la zona, fundamentalmente respecto de la necesidad de repeler y/o desalojar usurpaciones, o liberar ocupaciones fundadas en actos administrativos provinciales y/o ejercer jurisdicción plena que justifique cualquier inversión pública en la zona".
También subraya que las diferentes administraciones provinciales a través de estos años “han actuado limitando las facultades municipales que, en apariencia conferían, siendo ejemplo de ello lo actos que motivan el presente”.
Se refiere a los actos que viene llevando a cabo el gobierno provincial sobre el sector que comprende el Puerto de San Isidro, que incluyeron el intento de apertura de oficinas móviles (container) sobre la zona portuaria por parte de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires y que motivara la clausura de las mismas por parte del Tribunal de Faltas Municipal.
Para abundar en el tema dice que “la profusa cantidad de normas dictadas sobre la materia en el transcurso de los últimos años, tanto en los ámbitos nacional como provincial, se ha superpuesto tanto respecto al ejercicio de la jurisdicción como en la competencia del puerto.”
“La Provincia, a través de sus distintas y sucesivas autoridades invariable y sistemáticamente ha entorpecido –afirma- las acciones de la comuna tendientes a la implementación de un proyecto de preservación costera y desarrollo deportivo del sector portuario”.
Y agrega que en esa línea fue creada en 2008 la Delegación Portuaria de Olivos, San Isidro y Tigre “buscando dejar de lado los avances que buscaban descentralizar las administraciones y reconocer en los municipios jurisdicción sobre tales sectores”.
“Cualquier propuesta razonable de descentralización de funciones y fortalecimiento de las autonomías locales –subraya- debe incluir la transmisión de inmuebles y/o funciones que no siendo esenciales al funcionamiento de los gobiernos provinciales, puedan ser utilizados, desarrollados y controlados por los gobiernos municipales”.
Dando mayor sentido al reclamo dice el cuerpo que el Puerto “no tiene ingreso y egreso franco al Río de la Plata, sino que su acceso es a través de los canales interiores como el Sarandí, con lo cual bien podemos determinar que es un ‘Puerto Interno’ del eje urbano de nuestro municipio.”
Y dice también que en tal sentido “es razonable que el Puerto de San Isidro sea transferido al Municipio, a fin de que en el mismo se desarrollen instalaciones náuticas y deportivas, y se le de un destino social recreativo y turístico en un contexto de bajo impacto urbano”.
En situación similar al sector portuario se encuentran las tierras ribereñas que conforman la zona costera del municipio “donde –advierte- se vienen recuperando espacios verdes, costas con sectores de preservación natural, espacios recreativos de bajo impacto, que van definiendo un estilo de ribera diferente a las urbanizaciones que pretenden realizar o están desarrollando otros municipios”.
Los considerandos de la resolución concluyen que entre las potestades de los gobiernos locales (municipales) se encuentra la de “decidir sobre el uso del suelo, por lo que resulta inoponible la intención de otras jurisdicciones de instalar en dicho territorio actividades de uso no contemplados o acordados con el municipio”.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría. Solo votaron por la negativa los concejales Santiago Cafiero y Leandro Martín, ambos del partido Justicialista.
En línea con dicha resolución, el cuerpo aprobó una comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo para que el remita un informe sobre las condiciones de uso que se exigen para la explotación de espacios privados en terrenos ocupados por locales con acceso a la costa del Río de la Plata.
Pide se indique las condiciones de habilitación, estado edilicio y si se han llevado a cabo actuaciones, donde se hubieren detectado infracciones y/o incumplimiento, en los locales que desarrollan actividades de bar y salones de fiesta, en el tramo de la costa comprendido entre las calles Paraná y Roque Sáenz Peña.
También en tratamiento sobre tablas el concejo aprobó una comunicación al Ejecutivo por la que pide la remisión de un amplio informe respecto de la instalación de cámaras de vigilancia sobre la calle Isabel la Católica entre Bernabé Márquez y Obispo Terrero, actuaciones llevadas adelante, existencia de pedidos de emplazamiento y/o cableado, como cualquier otra información, que pueda ser de utilidad a la solicitud.
La denuncia tiene que ver con una denuncia formulada por una vecina ante la comisaría 7º de Las Lomas de San Isidro, referente a la instalación de cámaras de vigilancia emplazadas en el espacio público por una empresa de seguridad privada (cablevisión).
Los ediles también aprobaron dos despachos de la comisión de Educación, Cultura, Deporte, Biblioteca y Digesto. Por uno de ellos solicita al Ejecutivo arbitre gestiones a fin de desarrollar “un canal educativo por internet para fortalecer la política educativa en las escuelas públicas” con material producido por talleres de la Casa de la Juventud Municipal y por quienes el gobierno municipal crea conveniente. A ello le agrega el desarrollo de contenidos y campañas educativas y la capacitación al personal docente del distrito a fin de incentivar la interacción de los alumnos con el canal.
Por otro pide se inicien gestiones a fin de celebrar un convenio con la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto que los alumnos avanzados en esa carrera realicen práctica pre-profesional en el ámbito del municipio.
Por último solicita al ejecutivo informe detalladamente si existen en el Partido de San Isidro Talleres Protegidos de Producción y Grupos Laborales así como Programas de Apoyo al Empleo de personas discapacitadas e indique cual es la asistencia económica que les brinda.
El cuerpo ratifica su voluntad de que el puerto “tenga un destino y uso exclusivamente de carácter náutico y deportivo,” y rechaza “cualquier proyecto que intente generar desarrollos inmobiliarios y/o comerciales de alto impacto urbano y ambiental en la zona, o de usos no autorizados por la jurisdicción local.”
En los considerandos, que forman parte integrante de la resolución, recuerda que desde hace más de 20 años el municipio de San Isidro “ha tratado de articular con la Provincia de Buenos Aires, el desarrollo urbanístico del Puerto de San Isidro y de la zona costera del distrito, respetando los deseos de la comunidad sanisidrense que incluyen un puerto exclusivamente destinado al uso náutico deportivo, y con un sector costero que respete y preserve los espacios verdes”.
Dice al respecto que en las autoridades provinciales se observa “una actitud contradictoria” porque por un lado “se han asumido compromisos tendientes al logro de descentralizar y alcanzar un desarrollo sustentable en el sector” y por otro “desarrolla actos fácticos y/o crea una nueva normativa produciendo incertidumbre y contradicciones sobre la condición jurídica y la competencia territorial” respecto del puerto de San Isidro.
Señala entonces que en ese contexto “producto de falta de un marco normativo claro” restringen “la eficiencia del ejercicio del poder de policía del estado en la zona, fundamentalmente respecto de la necesidad de repeler y/o desalojar usurpaciones, o liberar ocupaciones fundadas en actos administrativos provinciales y/o ejercer jurisdicción plena que justifique cualquier inversión pública en la zona".
También subraya que las diferentes administraciones provinciales a través de estos años “han actuado limitando las facultades municipales que, en apariencia conferían, siendo ejemplo de ello lo actos que motivan el presente”.
Se refiere a los actos que viene llevando a cabo el gobierno provincial sobre el sector que comprende el Puerto de San Isidro, que incluyeron el intento de apertura de oficinas móviles (container) sobre la zona portuaria por parte de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires y que motivara la clausura de las mismas por parte del Tribunal de Faltas Municipal.
Para abundar en el tema dice que “la profusa cantidad de normas dictadas sobre la materia en el transcurso de los últimos años, tanto en los ámbitos nacional como provincial, se ha superpuesto tanto respecto al ejercicio de la jurisdicción como en la competencia del puerto.”
“La Provincia, a través de sus distintas y sucesivas autoridades invariable y sistemáticamente ha entorpecido –afirma- las acciones de la comuna tendientes a la implementación de un proyecto de preservación costera y desarrollo deportivo del sector portuario”.
Y agrega que en esa línea fue creada en 2008 la Delegación Portuaria de Olivos, San Isidro y Tigre “buscando dejar de lado los avances que buscaban descentralizar las administraciones y reconocer en los municipios jurisdicción sobre tales sectores”.
“Cualquier propuesta razonable de descentralización de funciones y fortalecimiento de las autonomías locales –subraya- debe incluir la transmisión de inmuebles y/o funciones que no siendo esenciales al funcionamiento de los gobiernos provinciales, puedan ser utilizados, desarrollados y controlados por los gobiernos municipales”.
Dando mayor sentido al reclamo dice el cuerpo que el Puerto “no tiene ingreso y egreso franco al Río de la Plata, sino que su acceso es a través de los canales interiores como el Sarandí, con lo cual bien podemos determinar que es un ‘Puerto Interno’ del eje urbano de nuestro municipio.”
Y dice también que en tal sentido “es razonable que el Puerto de San Isidro sea transferido al Municipio, a fin de que en el mismo se desarrollen instalaciones náuticas y deportivas, y se le de un destino social recreativo y turístico en un contexto de bajo impacto urbano”.
En situación similar al sector portuario se encuentran las tierras ribereñas que conforman la zona costera del municipio “donde –advierte- se vienen recuperando espacios verdes, costas con sectores de preservación natural, espacios recreativos de bajo impacto, que van definiendo un estilo de ribera diferente a las urbanizaciones que pretenden realizar o están desarrollando otros municipios”.
Los considerandos de la resolución concluyen que entre las potestades de los gobiernos locales (municipales) se encuentra la de “decidir sobre el uso del suelo, por lo que resulta inoponible la intención de otras jurisdicciones de instalar en dicho territorio actividades de uso no contemplados o acordados con el municipio”.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría. Solo votaron por la negativa los concejales Santiago Cafiero y Leandro Martín, ambos del partido Justicialista.
En línea con dicha resolución, el cuerpo aprobó una comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo para que el remita un informe sobre las condiciones de uso que se exigen para la explotación de espacios privados en terrenos ocupados por locales con acceso a la costa del Río de la Plata.
Pide se indique las condiciones de habilitación, estado edilicio y si se han llevado a cabo actuaciones, donde se hubieren detectado infracciones y/o incumplimiento, en los locales que desarrollan actividades de bar y salones de fiesta, en el tramo de la costa comprendido entre las calles Paraná y Roque Sáenz Peña.
También en tratamiento sobre tablas el concejo aprobó una comunicación al Ejecutivo por la que pide la remisión de un amplio informe respecto de la instalación de cámaras de vigilancia sobre la calle Isabel la Católica entre Bernabé Márquez y Obispo Terrero, actuaciones llevadas adelante, existencia de pedidos de emplazamiento y/o cableado, como cualquier otra información, que pueda ser de utilidad a la solicitud.
La denuncia tiene que ver con una denuncia formulada por una vecina ante la comisaría 7º de Las Lomas de San Isidro, referente a la instalación de cámaras de vigilancia emplazadas en el espacio público por una empresa de seguridad privada (cablevisión).
Los ediles también aprobaron dos despachos de la comisión de Educación, Cultura, Deporte, Biblioteca y Digesto. Por uno de ellos solicita al Ejecutivo arbitre gestiones a fin de desarrollar “un canal educativo por internet para fortalecer la política educativa en las escuelas públicas” con material producido por talleres de la Casa de la Juventud Municipal y por quienes el gobierno municipal crea conveniente. A ello le agrega el desarrollo de contenidos y campañas educativas y la capacitación al personal docente del distrito a fin de incentivar la interacción de los alumnos con el canal.
Por otro pide se inicien gestiones a fin de celebrar un convenio con la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto que los alumnos avanzados en esa carrera realicen práctica pre-profesional en el ámbito del municipio.
Por último solicita al ejecutivo informe detalladamente si existen en el Partido de San Isidro Talleres Protegidos de Producción y Grupos Laborales así como Programas de Apoyo al Empleo de personas discapacitadas e indique cual es la asistencia económica que les brinda.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario