Se llevó a cabo esta tarde una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Isidro, en cuyo transcurso fueron aprobados varios documentos que tienen que ver con el ambiente y la seguridad.
En efecto, mediante una comunicación, el cuerpo se dirigió al Departamento Ejecutivo solicitándole gestione ante el gobierno bonaerense, con carácter de urgente, la ampliación de la planta policial que cumple funciones en el Partido de San Isidro.
Pide se haga hincapié en reponer la cantidad de agentes policiales que dejaron de prestar servicios en el distrito durante el año último, agravando el problema de la inseguridad.
En el despacho de la comisión respectiva se indica que los municipios “han tenido que desarrollar acciones tendientes a resguardar la seguridad pública con recursos propios, los que podrían haber sido destinados a la mejora de servicios tales como alumbrado, barrido, espacio público, etc.”
También recuerda que la prevención y represión del delito “es competencia de los gobiernos, tanto nacional como provincial” para añadir luego que los agentes que prestan servicio en el Partido son aproximadamente 500 hombres, “cantidad que a todas luces –dice- resulta insuficiente, manifestando la fuerza la imposibilidad de sacar a la calle todos los patrulleros para cumplir sus funciones.”
Por otra resolución reitera los reclamos tendientes a que los organismos provinciales competentes “arbitren las medidas necesarias tendientes a reducir la cantidad de detenidos en las comisarías del Distrito.”
En los fundamentos de la medida el cuerpo indica que “los reclamos oportunamente elevados, la seguridad pública continúa siendo uno de los temas que mayor preocupación genera en la ciudadanía en su conjunto” añadiendo lo “evidente la disminución de personal policial en las calles de nuestro Partido, quienes están afectados a la custodia de los detenidos en las diferentes dependencias policiales.”
“La policía de la Provincia de Buenos Aires –agrega-no se encuentra preparada para tal tarea y cada efectivo afectado a este servicio, implica un policía menos en la calle realizando tareas de prevención.”
Y para abundar en este tema subraya el hecho que ha tomado estado público “las inquietudes manifestadas por diferentes miembros del Departamento Judicial de San Isidro como consecuencia de la superpoblación de presos en las diferentes dependencias policiales, siendo difícil enviarlos a otras dependencias.”
Finalmente, a través de otro proyecto de comunicación aprobado, el deliberante solicita al ejecutivo se dirija al Ministerio Público Fiscal a los efectos de requerir informes “despersonalizados” del Registro de Entradas de Denuncias, especificando cantidad y tipificación en el ámbito de San Isidro.
El pedido tiene que ver con la visita, a principios de mayo, del Fiscal General Dr. Julio Novo y su equipo al Instituto de Observación y Prevención de la Inseguridad de San Isidro.
En la oportunidad el fiscal informó de la instrumentación, con gran buen éxito de una “Mesa de Entradas Virtual” que funciona en la Fiscalía General, que está a disposición de los letrados para que sigan diariamente, si así lo desean, las causas que se tramitan en las distintas fiscalías del distrito.
Por otra comunicación, el Concejo sanisidrense pide al Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe si cuenta con estudios estadísticos acerca de la contaminación sonora dentro del distrito.
Esta solicitud lo plantea la comisión respectiva ante el desarrollo poblacional, lo que significa el crecimiento del tránsito vehicular, incluyendo dentro de éste, el de carga, de transporte de pasajeros, particulares, motocicletas, ferrocarriles, como así también los servicios de emergencia que utilizan sirenas, recolectores de residuos, etc.
Destaca que la existencia de contaminación sonora involucra el análisis de pérdidas económicas, tales como la mayor inversión en atención de la salud.
De la comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Minoridad y Mujer, los ediles aprobaron otra comunicación solicitando un informe acerca de la tasa de mortalidad materna correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, especificando: tasa de mortalidad materna total del municipio y por localidad, edad de cada mujer fallecida y su causa.
El pedido obedece al informe emitido por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.
Se sostiene que “en los últimos diez años, la mortalidad materna nacional no ha mostrado descensos significativos y algunas provincias tienen valores dos veces mayores, una muestra indiscutible del retraso en la implementación de acciones integrales sostenidas, basadas en las evidencias y acompañadas por la movilización comunitaria.”
Se expresa en el despacho que “ante esta situación, en la cual entidades científicas suministran datos no coincidentes con lo manifestado por el Ministro de Salud ante la Organización Mundial de la Salud (órgano de las Naciones Unidas) se hace necesario saber la realidad de un tema trascendente como es la mortalidad materna en todos los estratos gubernamentales (nacional, provincial y municipal).
Otros despachos aprobados fueron un pedido de informe detallado sobre los talleres extra programáticos que se realizan en el distrito “a fin de analizar si es necesario mejorar y complementar dichas acciones” y otro sobre las medidas que se han instrumentado para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes que regulan el Sistema Integral de Personas con Discapacidad en el transporte público de pasajeros que presta servicios en el ámbito del Partido.
