El intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, junto con la presidenta del Concejo Deliberante, Rita Kuzis, funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales de los diversos bloques del distrito, se unieron esta noche a los vecinos de Beccar para protestar por la eventual instalación de Juzgados de Familia en un inmueble situado en Avenida Centenario 1880/84.
En la fachada hay un cartel que reza “Juzgados de Familia – Departamento Judicial de San Isidro. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”.
Ante ello, más de un millar de vecinos se autoconvocaron, concentrándose en la esquina de Av. Centenario y Juan B. Justo para luego, a las 19,30, marchar por esta última hasta el frente del edificio donde con carteles, aplausos y expresiones de viva voz manifestaron su oposición a que se instale.
El intendente Posse, acompañó a los manifestantes para luego, dirigiéndose a ellos con un megáfono informó sobre las acciones que al efecto viene desarrollando el municipio, a la vez que desmintió versiones que circularon sobre supuestos cobros de alquileres por parte de la comuna, de terrenos donde, precisamente, se procura la instalación de una futura ciudad judicial.
“Desde hace muchísimos años se viene planteando al Ministerio de Justicia y la Corte (Suprema de Justicia bonaerense) que hay terrenos con 5.000 de superficie cubierta, que se pueden convertir en 15 o 20 días de obra, en 8.000 metros de oficina. Y ese es el lugar donde deben ir los tribunales porque son bienes de la provincia”, sostuvo.
“Esas gestiones se vienen llevando desde hace casi cinco años. Nosotros no sabíamos –el municipio recién fue consultado en el verano pasado- respecto de traer los tribunales a Beccar. Por ese motivo, el Concejo Deliberante se reunió en varias sesiones extraordinarias, con el aporte de todos los bloques, planteando el tema”, resaltó.
“Hubo otra gestión con el Colegio de Abogados de San Isidro y hasta hace 48 horas se llevó adelante un reclamo para que no se instalen en Beccar los juzgados de familia. La reunión se realizó en el despacho de la presidenta de la Suprema Corte en La Plata. Nosotros planteamos la posición del municipio, coincidente con las de los vecinos y las organizaciones que esta noche se encuentran presentes, explicando además la problemática de por qué no se pueden instalar aquí”, enfatizó luego el jefe comunal.
“Sucede que es ilegal hacerlos funcionar acá porque esto no está habilitado. Requiere de un estudio de impacto ambiental, como todo aquello de esta naturaleza que se quiera instalar”, precisó Posse.
“Entendemos que vamos a tener respuesta en los próximos días y el municipio, además, está dispuesto a colaborar con el Poder Judicial para que otros puedan ser los lugares elegidos y que no tengan el impacto que tendría en este lugar”, dijo luego.
“Sostenemos la misma actitud que tuvimos cuando se intentó llevar esto, con la oposición de los vecinos, a la calle Uruguay. Nuestra posición es que las cosas se hacen siempre con el consenso de los vecinos”, añadió.
“Sobre terrenos existentes en la Panamericana, unos vecinos me acercaron su inquietud respecto que sobre ellos el municipio estaría cobrando alquiler. Aclaro públicamente que el municipio no guarda ningún tipo de relación con los alquileres que se cobran sobre los bienes provinciales que están en Bernardo de Irigoyen, donde hay una entidad que se llama –o se hace llamar- DIMA, que aparentemente está ligada a algo sobre la Defensa de la Mujer Argentina. Pero no guarda relación de la Defensa de la Mujer Argentina con el cobro de alquileres que señalan algunos vecinos”, manifestó seguidamente.
“Sobre esta cuestión, quiero despegar al municipio, al Concejo Deliberante, a la Suprema Corte, al gobierno provincial pues no tiene nada que ver el Estado con ese cobro que los vecinos indican que son más de US$50.000 por mes”, subrayó.
“Nosotros vamos a luchar para que donde se instalen oficinas de tribunales, lo sean en lugares aptos. Y el norte que no vamos a descuidar nunca –por lo que nuevamente estamos pidiendo audiencias con el gobernador y sus colaboradores- el interés que los tribunales se instalen dentro de los 8.000 metros que hay allí en Bernardo de Irigoyen pues ese es el lugar para que el día de mañana puedan ampliarlo para que se construya definitivamente la ciudad judicial para los partidos de Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López”, puso de relieve el jefe comunal.
“Les pido a los vecinos que, en el marco del respeto y seriedad con que se manifestaron hoy, esperen hasta el martes próximo (5 de octubre) cuando habremos de informar en conferencia de prensa los avances en ese sentido. Entiendo que con todas las presentaciones que se hicieron por parte de vecinos y entidades de Beccar, la Suprema Corte va a ser permeable al reclamo, tal como sucedió con los vecinos de la calle Uruguay”, concluyó el intendente sanisidrense.
Previo a las palabras del jefe comunal, Carlos Juncos, vecino de Beccar, dio lectura a una carta dirigida al gobernador, a los miembros de la Suprema Corte y al intendente municipal.
“Los vecinos de Beccar aquí reunidos –dice la nota- nos encontramos seriamente preocupados por lo que sería la inminente instalación de sedes de juzgados y Tribunales en nuestro barrio”.
“Queremos expresar nuestra oposición a que la calidad de vida de los vecinos se vea afectada. La instalación de oficinas judiciales en un barrio residencial como Beccar generaría una gran afluencia de personas y un incremento de tránsito vehicular desmedido. No podemos permitir que se nos avasalle con decisiones arbitrarias, injustas e inconsultas.”
“Solicitamos la urgente intervención del señor Gobernador, del Intendente y de los miembros del más alto Tribunal provincial en defensa de nuestros derechos, rechazando el proyecto y encarando una solución definitiva que no perjudique ni altere las condiciones urbano-ambientales de los vecinos del Partido.”
“Creemos que la solución es, como ya se dijo en otras oportunidades, la cración de una “Ciudad Judicial” en una zona no residencial. En este sentido, tenemos conocimiento que la Provincia dispone de un inmueble ubicado en Ruta Panamericana e Irigoyen, en Boulogne, de más de 40 mil metros cuadrados, dentro del cual existen construcciones donde podrían funcionar perfectamente oficinas con lugar para estacionamiento.”
“Además, la instalación de los tribunales en ese lugar podr`´ia ralizarse sin expropiación ni compra alguna, con lo cual se ahorraría tiempo y dinero. Dicho predio resulta ideal por su vinculación con los otros distritos que componen el departamento judicial de San isidro (Pilar, Tigre, San Fernando y Vicente López).”
“De esta manera, se podría dar una respuesta factible y favorable a un problema que afecta a todos los vecinos de San isidro y en este momento a los de Beccar en particular.”
“Sin más y esperando que no se afecte nuestra calidad de vida, saludamos a las autoridades provinciales y comunales atentamente.”
“Firman: Los miles de Vecinos que repudiamos la instalación de Tribunales en el centro de Beccar”.
Finalizadas las palabras del intendente municipal, los vecinos de Beccar se retiraron en orden, quedando despejada la mano de la avenida Centenario que había resultado ocupada por la manifestación.
*Apoyo de la UCR
El comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de San Isidro adhirió a la marcha convocada por los vecinos de la ciudad de Beccar en rechazo a la instalación de dependencias judiciales (juzgados de Familia ) en el inmueble sito en Avenida Centenario 1860/64.
“Entendemos, juntamente con los vecinos , el Colegio de abogados, el Concejo Deliberante, la Municipalidad y organizaciones civiles que, sin perjuicio de la necesaria creación de nuevos juzgados y ámbitos judiciales, se debe armonizar su emplazamiento con el entorno urbano, para no afectar la calidad de vida de los vecinos y comerciantes de los diferentes barrios del partido”, indica la declaración de la UCR local, con la firma de su titular, Martín Vázquez Pol, su vicepresidente, Miguel Cruzalegui y su secretario general, Elvira Ares, entre otros dirigentes.
“La erradicación de los tribunales del casco histórico de la ciudad de San Isidro y la creación de una ciudad judicial que no afecte el entorno urbano es una deuda de las autoridades judiciales para con los vecinos de San Isidro. Por lo tanto, reiteramos el rechazo al emplazamiento propuesto para los juzgados de Familia, apoyando a los vecinos y comerciantes de Beccar”, concluye.
*Del Peronismo por San Isidro
Por su parte, el Bloque de Concejales del “Peronismo por San Isidro” también acompañó a los vecinos de Beccar en su repudio a la instalación de Juzgados de Familia en Avda. Centenario 1860/64, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- “Compartimos la preocupación de los vecinos de esa localidad que se oponen a esta medida que afectará directamente su calidad de vida por los trastornos que la misma generaría el incremento de personas y de tránsito vehicular en la zona que hoy tiene características residenciales”, hizo saber el bloque con la firma del concejal Pablo Fontanet.
Cabe destacar que en la sesión del pasado 15 de septiembre el HCD aprobó la Resolución Nº 15 - la cual ratificamos -, por la que “se reiteró la oposición a la radicación de actividades judiciales en zonas centrales del Distrito – como ésta de Beccar – y expresó su adhesión a los dictámenes emanados por la Dirección de Ordenamiento Urbano Municipal que desaconseja la radicación de los Juzgados en ese inmueble, requiriendo asimismo, para el caso que Suprema Corte insista con su proyecto originario, que se realicen los estudios de Impacto Ambiental pertinentes por ser una actividad que puede generar conflictos y desajustes urbanos”, dice.
“A fin de evitar estas situaciones conflictivas, que podrían reiterarse en otras localidades del distrito, resulta necesario que las autoridades provinciales competentes concreten la construcción de la “Ciudad Judicial” - viejo anhelo de toda la comunidad sanisidrense - en el predio que posee la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad de Boulogne y que hoy está destinado a un emprendimiento comercial privado o en una zona que no altere las características urbanas y ambientales de los vecinos de su entorno”, añade.
“Esta posición no es un obstáculo para el normal desarrollo de la Justicia en nuestro Distrito, ya que ha dado reiteradas muestras de colaboración y atención a las necesidades que le ha planteado el Departamento Judicial a lo largo de los años. Simplemente decimos que estamos junto a los vecinos en este justo reclamo y que no queremos que desde las autoridades judiciales se avasalle el respeto a las autonomías municipales”, agrega. “Esta no es sólo la protesta de un grupo de vecinos, es el reclamo de toda la comunidad de San Isidro que no quiere que se les alteren sus condiciones de vida”, culmina la declaración.
