La OMIC llevó adelante, hasta el momento más de 10.000 casos en defensa de usuarios y consumidores e impuso sanciones por otros 3 millones de pesos. Dicha Oficina atiende un promedio de 30.000 personas por año.
El informe fue dado a conocer por el Secretario de la Producción y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro, Pablo Chamatrópulos, durante un encuentro en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas local.
Según lo informado por el funcionario, se ha llegado a un incremento del orden del 300% respecto de la demanda de los servicios de esa dependencia en casos de defensa de usuarios y consumidores.
Precisó Chamatrópulos que existe un claro predominio de las empresas de telefonía celular con relación al resto del universo empresario reclamado. “En el último trimestre, 1 de cada 4 reclamos que se efectuaron ante el organismo corresponde a ese rubro. Si bien es innegable el gran crecimiento de ventas en materia de telefonía celular (se calculan en 35 millones de celulares en todo el país), resulta preocupante el nivel de conflictividad que presenta por facturación, publicidad engañosa, cláusulas abusivas y prestaciones defectuosas”, indicó.
Super e hipermercados, bancos y tarjetas de crédito, telefonía fija, medicina prepaga y comercios de electrodomésticos, se siguen en el orden de los reclamos.
El total de casos resueltos es de alrededor de un 60%, manifestó Chamatrópulos. “Siete de cada diez consumidores que acuden a la OMIC obtienen la respuesta pretendida en su reclamo”, dijo.
Precisó que la OMIC apela al procedimiento de audiencias de conciliación para dar la posibilidad de llegar a acuerdos prescindiendo de la recurrencia a procesos legales y/o judiciales. “En la actualidad se realizan aproximadamente unas 500 audiencias de conciliación mensuales y desde que se instrumentó el procedimiento se realizaron más 25.000”, apuntó.
Informó que existe un porcentaje, de baja incidencia, que al tratarse de temas que no están relacionados con la ley 24.240 o con las normas específicas de Defensa del Consumidor, son derivados para su tratamiento al organismo correspondiente. En ese sentido se menciona casos como quejas por tasaciones de rentas provinciales, que son recibidos atento la necesidad de dar una respuesta y sobre todo trabajar en función de las necesidades de los vecinos, pero que necesariamente por imposibilidad de realizar acciones administrativas se deriva a otro organismo, realizando luego un seguimiento.
En cuanto al impacto económico de la resolución de los reclamos, precisó que es del orden de los $3.050.000. La estimación del monto se realiza de acuerdo al equivalente en dinero del producto o servicio en cuestión. En este sentido, puede tratarse de la reposición del objeto o de la restitución de servicios con los cuales el reclamante se encuentra disconforme. El monto en su conjunto constituye un ingreso para el ciudadano que reclama, así como para el municipio son ingresos que se gastan en el distrito.
Por otra parte, Chamatrópulos recordó que la OMIC recibe casos de reclamos que al no poder tramitarse en la estructura prevista por la ley de defensa del consumidor, se derivan a un sistema de mediación comunitaria, que funciona en la misma Oficina. Se tratan, por lo general, de conflictos entre vecinos o particulares (medianería, consorcios de propietarios, expensas, etc.), que por las características propias del conflicto o de sus titulares no se tramitan en sede judicial; es por ello que se pone a su disposición un ámbito propicio para la solución amigable del conflicto, que cuenta con mediadores y requiere la voluntariedad de las partes, explicó.