Con motivo de los actos delictivos que conmocionaron a la ciudadanía del Partido de San Isidro, la Cámara de Comercio e Industria local, manifestó su repudio y adhiere en todos sus términos a la resolución Nº 10, de fecha 22 de octubre, emanada del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.
La Cámara, con la firma de su presidente y secretario, Norberto Testorelli y Julio de Posada, respectivamente, sostiene: “compartimos que la problemática del delito es competencia del ámbito nacional, siendo las responsabilidades primarias competencia de los organismos nacionales y provinciales. Por eso, testimoniamos nuestro apoyo a la solicitud formulada al gobierno nacional y provincial para que declaren la Emergencia en materia de seguridad pública, con el fin de maximizar los recursos del Estado tendientes a prevenir, reducir y/o sancionar la ola de delitos que castiga al conurbano bonaerense y a la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
“Nuestro dolor e indignación por falta de seguridad que vive la sociedad sanisidrense y el resto de los habitantes requiere una rápida y eficaz respuesta del estamento político, elegido para asegurar el bien común de la ciudadanía, que debe concretarse mediante acciones inmediatas, coordenadas y responsables”, afirma.
“Compete a los poderes del gobierno generar y aplicar normas que aseguren la paz y la convivencia de la población argentina. No resulta aceptable que las condenas a quienes han delinquido se incumplan mediante interpretaciones de las normas, desconociendo que la ciudadanía honesta y trabajadora es la que con su esfuerzo posibilita el funcionamiento del aparato estatal”, expresa.
“Debemos salvar a las generaciones mas jóvenes de los estragos de la droga. Hagamos esfuerzos para que la educación sea, en verdad, la palanca de cambio apoyada en valores éticos y morales. Recuperemos la cultura del trabajo. Ya de nada valen los discursos. Comprometemos nuestros esfuerzos en esta línea de acción”, concluye.
La Cámara, con la firma de su presidente y secretario, Norberto Testorelli y Julio de Posada, respectivamente, sostiene: “compartimos que la problemática del delito es competencia del ámbito nacional, siendo las responsabilidades primarias competencia de los organismos nacionales y provinciales. Por eso, testimoniamos nuestro apoyo a la solicitud formulada al gobierno nacional y provincial para que declaren la Emergencia en materia de seguridad pública, con el fin de maximizar los recursos del Estado tendientes a prevenir, reducir y/o sancionar la ola de delitos que castiga al conurbano bonaerense y a la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
“Nuestro dolor e indignación por falta de seguridad que vive la sociedad sanisidrense y el resto de los habitantes requiere una rápida y eficaz respuesta del estamento político, elegido para asegurar el bien común de la ciudadanía, que debe concretarse mediante acciones inmediatas, coordenadas y responsables”, afirma.
“Compete a los poderes del gobierno generar y aplicar normas que aseguren la paz y la convivencia de la población argentina. No resulta aceptable que las condenas a quienes han delinquido se incumplan mediante interpretaciones de las normas, desconociendo que la ciudadanía honesta y trabajadora es la que con su esfuerzo posibilita el funcionamiento del aparato estatal”, expresa.
“Debemos salvar a las generaciones mas jóvenes de los estragos de la droga. Hagamos esfuerzos para que la educación sea, en verdad, la palanca de cambio apoyada en valores éticos y morales. Recuperemos la cultura del trabajo. Ya de nada valen los discursos. Comprometemos nuestros esfuerzos en esta línea de acción”, concluye.
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