En una prolongada y agotadora jornada sesión, que concluyó pasadas las 22,30, los ediles del Concejo Deliberante de San Isidro –además de aprobar la rendición de cuentas del municipio correspondientes al ejercicio 2009- sancionaron una resolución por la cual se “repudia toda acción política electoral que tienda a confundir al elector, desvirtuar el resultado electoral, dañar el espacio público y el patrimonio urbano, como cualquier otra acción u omisión tendiente a incumplir las disposiciones de las normas electorales y/o que signifiquen el incumplimiento a disposiciones municipales de protección del mobiliario urbano”.El cuerpo se declaró en comisión para debatir un proyecto presentado para su tratamiento sobre tablas por el representante de Agrupación Ciudadana que, fue discutido por el cuerpo declarado en comisión y que finalmente fue rechazado por el resto de los concejales presentes.
En su reemplazo, el titular del bloque San Isidro es Distinto, Carlos Castellano, presentó otro proyecto de resolución, que fue analizado por sus pares y que finalmente fue aprobado por mayoría, no prosperando otra iniciativa para tratarlo en comisión.
El documento tiene por antecedente el acto eleccionario del 28 de junio último en el ámbito de San Isidro.
“Las denuncias formuladas por Partido Federal y Agrupación Ciudadana, fuerzas integrantes de la Alianza Unión PRO en las pasadas elecciones generales del 28 de junio de 2009 –señala en su parte expositiva, para añadir- La denuncia de fraude electoral manifestada por dichas fuerzas políticas no ha sido acreditada ni probada en los ámbitos jurisdiccionales competentes, sin perjuicio de la cual corresponde expresar el repudio a cualquier tipo de maniobra que intente desvirtuar o confundir la voluntad del elector”, dice.
“Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar algunas situaciones suscitadas durante el proceso electoral de la Campaña para las elecciones legislativas generales de 2009. En tal sentido es razonable recordar que previo a la oficialización definitiva de boletas electorales fue de público conocimiento las profundas diferencias internas existentes por un lado entre los propios candidatos del Partido Propuesta Republicana, que derivó en reclamos cruzados entre el candidato Gonzalo Becar Varela, y Darío Oroquieta, y por entre esta fuerza y los demás candidatos y/o partidos integrantes de dicha alianza electoral”, añade.
“También fue de público conocimiento la fuerte campaña promovida por el candidato Becar Varela, inclusive con la distribución masiva de boletas electorales por él encabezada, aún antes de haberse resuelto o no su oficialización”, precisa.
“Como también fuera de público conocimiento, hasta 72 hs. antes del inicio del comicio, el Sr. Becar Varela –persona altamente conocida en nuestra comunidad- y los apoderados de UNION PRO sostenían dicha candidatura y su lista “colectora” respectiva”, indica luego.
“Lo expresado está acreditado en las presentaciones que oportunamente presentaran los apoderados de UNION PRO ante la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires, donde presentaro para oficializar la boleta encabezada por Beccar Varela”, agrega.
“Parece llamativo que una pelea entre supuestos “socios” políticos pretenda luego ser presentada por un lado como un fraude, por la aparición de boletas no oficializadas que fueron impresas y distribuidas por los mismos candidatos de la misma fuerza política y por otro pretendan beneficiarse de ese supuesto “fraude” pidiendo una acumulación de votos claramente improcedente. En síntesis, los responsables de generar confusión en el electorado luego pretenden beneficiarse de dicha confusión victimizándose aún a costa de dañar la credibilidad del proceso democrático”, prosigue la resolución.
“En tal sentido es de destacar el acertado criterio fijado hasta ahora por las distintas instancias electorales jurisdiccionales, rechazando la pretensión de acumular votos indebidos tanto la Junta Electoral Nacional, como el Juez Electoral Nacional y la Cámara Nacional Electoral”, sostiene.
“En tal sentido es de destacar el criterio objetivo fijado por el Código Electoral Nacional (CEN). Durante la competencia electoral, distintas acciones u omisiones son desarrolladas por partidos y/o candidatos que buscan beneficiarse de ciertas situaciones”, enfatiza.
“Así, quienes se victimizan de un supuesto fraude, paralelamente quieren beneficiarse del mismo con la sumatoria de boletas no oficializadas”, subraya.
“Durante las campañas con tal de posicionarse ensucian paredes, semáforos, árboles postes de alumbrado, veredas, etc., con una clara conducta antijurídica que daña el patrimonio público que todos los partidos, políticos y candidatos debemos cuidar”, añade.
“Entre las “picardías” de las últimas elecciones, Agrupación Ciudadana utilizaba símbolos pertenecientes al ARI, UCR y PS en sus volantes, afiches y calcos, que motivaron incluso reclamos de estas fuerzas políticas ante la justicia electoral. Incluso actualmente un observa como se violenta la ley electoral al respetarse los plazos que la ley fija para el lanzamiento de campañas y candidaturas, como es el caso del candidato Pablo Chamatrópulos y su fuerza política”, da cuenta más adelante.
“En este contexto es razonable que las fuerzas políticas con representación en este Honorable Concejo Deliberante expresemos el repudio a todo tipo de acciones tendientes a confundir al elector, dañar el patrimonio público y/o que violenten las normas establecidas en las leyes electorales, más allá de que circunstancialmente convenga o no respetarlas”, concluyen los fundamentos de la resolución del HCD sanisidrense.
Respecto de la rendición de cuentas –sobre la que se informará en detalle mañana-, contó con 13 votos por la positiva y cabe destacar que la comuna cerró el ejercicio 2009 con un superávit de 14 millones de pesos, cancelando incluso deudas que se venía acarreando desde 2001 y 2002, por efecto de la crisis económica desatada entonces a nivel nacional.
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