septiembre 06, 2012

REPUDIAN LA SANCIÓN IMPUESTA A LA ONG CONSUMIDORES LIBRES

El Concejo Deliberante de San Isidro se manifestó en contra de esta medida aplicada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a una entidad que realiza relevamientos de precios.


(San Isidro, 06 de septiembre de 2012) El Concejo Deliberante de San Isidro celebró ayer su décima sesión ordinaria en la que aprobó por 16 votos a un proyecto de resolución en el cual expresó “su más enérgico repudio al procedimiento utilizado y a la sanción preventiva impuesta a la ONG Consumidores Libres por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor”.

Votaron en contra de esta iniciativa los concejales del bloque Partido Justicialista – Frente para la Victoria, Santiago Cafiero, Leandro Martín, Fabián Brest y Carlos Bringas.

El proyecto explica que “la entidad había informado que, según un relevamiento efectuado en supermercados, comercios minoristas de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, el precio de 38 productos que integran la canasta básica de alimentos aumentaron un 0,43 por ciento en la primera quincena de agosto. Y, desde enero, la suma acumulada es del 17.53 por ciento”.

Justamente, la tarea de esta ONG - que funciona hace 20 años - es la de brindarle a la ciudadanía el muestreo de variación de precio en los alimentos de la canasta básica.

“La medida – dice la resolución - no registra antecedentes y fue aplicada de manera arbitraria. El atropello que sufrió esta ONG representa un grave daño a la democracia, a la calidad institucional y a la libre expresión en nuestro país”.

Y continúa que “sumado a la falta de veracidad de los datos publicados y difundidos por el INDEC esta medida tiende a reflejar la política de silenciar y de ocultar la verdad”.

En la sesión resaltaron que el proyecto aprobado ayer por el HCD hace a la defensa de las libertades, ya que, por un lado, se le está cercenando la publicación de sus informes a la ONG; y por otro, no le dieron la posibilidad de descarga.

Y concluyeron: “Se está castigando a una entidad que expresó lo que el gobierno nacional no quería escuchar, por lo que la medida resulta injusta y peligroso para los consumidores, porque se trata de un Estado que dice que para cuidarnos no podemos escuchar otras voces”.

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