En su novena sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de San Isidro pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia bonaerense el traslado del Fuero Penal Departamental, fuera de las áreas centrales de San Isidro, a una zona de accesibilidad y seguridad mucho mayor que la que ofrece su actual emplazamiento
De esta manera, y por unanimidad, adhirió a la solicitud planteada oportunamente al alto tribunal por la Cámara de Comercio e Industria del partido de San Isidro como, asimismo, al reclamo formulado por distintas entidades y vecinos del área céntrica de San Isidro.
En los fundamentos de la resolución aprobada el cuerpo expresa que “es facultad de los concejos deliberantes –conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás normativas concordantes- disponer respecto de las zonas donde urbanisticamente pueden radicarse las diversas actividades, sean estas de carácter administrativo, comercial, financiero, industrial o de servicios en general.
Recuerda entonces que la planificación y el funcionamiento edilicio del Departamento Judicial de San Isidro fue pensado hace más de 30 años “en un contexto de problemáticas urbanas, delictuales y de tránsito totalmente distintas a las actuales.
Es por ello que adhiere a lo manifestado por la Cámara de Comercio e Industria cuando se refiere a los inconvenientes de seguridad, tránsito y funcionamiento que el desarrollo de las actividades del Fuero Penal Departamental hoy generan al área céntrica de San Isidro en particular y los problemas que, en general, producen el correcto funcionamiento de la seguridad.
Al abundar en esta cuestión el cuerpo también recuerda que este fuero departamental abarca la totalidad de los barrios de los municipios de Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López “lo que implica –dice- que detenidos de diversas localidades deban ser trasladados hasta una zona céntrica comercial alejada de puntos relativamente equidistantes”.
Y es , precisamente, en dicho contexto que se ha venido observando “el aumento del delito en el área central de San Isidro, en muchos casos perpetrados por personas ajenas al Distrito que, por diversas razones, concurren a cumplir trámites a los organismos competentes en jurisdicción penal (Fiscalías, Juzgados de Garantías, Tribunal Oral, Cámaras, Defensorías Oficiales, etc.)”.
El cuerpo entiende lo recomendable del traslado del fuero penal a zonas e instalaciones que puedan garantizar mejores condiciones de funcionamiento a la actividad jurisdiccional, genere menores inconvenientes urbanos a las actividades locales, garantice mejor y mayor seguridad al traslado de detenidos “y se focalice la actividad del Fuero –que sin duda genera mayor peligrosidad que el resto de las actividades jurisdiccionales (Civil, Comercial, Laboral, Familia, etc.)- en lugares más aptos que los actuales”.
En los fundamentos que preceden a la resolución, se expresa además que según lo expresado por diferentes entidades “existiría la intención de trasladar el Fuero Laboral” y que ello motivo la oposición de la CGT Zona Norte y de distintas expresiones profesionales” que, razonablemente han planteado la inconveniencia de tal decisión.
Es por ello que pide a la Suprema Corte y demás organismos intervinientes “evalúen en forma urgente la posibilidad de traslado del Fuero Penal, ya que existen partidas presupuestarias”, pues “sin dudas mejoraría el funcionamiento de la competencia penal, y se evitaría los inconvenientes de seguridad, tránsito y accesibilidad que se han detallado anteriormente”.
De esta manera, y por unanimidad, adhirió a la solicitud planteada oportunamente al alto tribunal por la Cámara de Comercio e Industria del partido de San Isidro como, asimismo, al reclamo formulado por distintas entidades y vecinos del área céntrica de San Isidro.
En los fundamentos de la resolución aprobada el cuerpo expresa que “es facultad de los concejos deliberantes –conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás normativas concordantes- disponer respecto de las zonas donde urbanisticamente pueden radicarse las diversas actividades, sean estas de carácter administrativo, comercial, financiero, industrial o de servicios en general.
Recuerda entonces que la planificación y el funcionamiento edilicio del Departamento Judicial de San Isidro fue pensado hace más de 30 años “en un contexto de problemáticas urbanas, delictuales y de tránsito totalmente distintas a las actuales.
Es por ello que adhiere a lo manifestado por la Cámara de Comercio e Industria cuando se refiere a los inconvenientes de seguridad, tránsito y funcionamiento que el desarrollo de las actividades del Fuero Penal Departamental hoy generan al área céntrica de San Isidro en particular y los problemas que, en general, producen el correcto funcionamiento de la seguridad.
Al abundar en esta cuestión el cuerpo también recuerda que este fuero departamental abarca la totalidad de los barrios de los municipios de Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López “lo que implica –dice- que detenidos de diversas localidades deban ser trasladados hasta una zona céntrica comercial alejada de puntos relativamente equidistantes”.
Y es , precisamente, en dicho contexto que se ha venido observando “el aumento del delito en el área central de San Isidro, en muchos casos perpetrados por personas ajenas al Distrito que, por diversas razones, concurren a cumplir trámites a los organismos competentes en jurisdicción penal (Fiscalías, Juzgados de Garantías, Tribunal Oral, Cámaras, Defensorías Oficiales, etc.)”.
El cuerpo entiende lo recomendable del traslado del fuero penal a zonas e instalaciones que puedan garantizar mejores condiciones de funcionamiento a la actividad jurisdiccional, genere menores inconvenientes urbanos a las actividades locales, garantice mejor y mayor seguridad al traslado de detenidos “y se focalice la actividad del Fuero –que sin duda genera mayor peligrosidad que el resto de las actividades jurisdiccionales (Civil, Comercial, Laboral, Familia, etc.)- en lugares más aptos que los actuales”.
En los fundamentos que preceden a la resolución, se expresa además que según lo expresado por diferentes entidades “existiría la intención de trasladar el Fuero Laboral” y que ello motivo la oposición de la CGT Zona Norte y de distintas expresiones profesionales” que, razonablemente han planteado la inconveniencia de tal decisión.
Es por ello que pide a la Suprema Corte y demás organismos intervinientes “evalúen en forma urgente la posibilidad de traslado del Fuero Penal, ya que existen partidas presupuestarias”, pues “sin dudas mejoraría el funcionamiento de la competencia penal, y se evitaría los inconvenientes de seguridad, tránsito y accesibilidad que se han detallado anteriormente”.
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