El Concejo Deliberante de San Isidro se reunió hoy en sesión extraordinaria expresó por amplia mayoría su rechazo al excesivo aumento del impuesto inmobiliario provincial que afectó a una enorme cantidad de vecinos.
Frente a esta situación, el HCD le solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que limite dichos aumentos restituyendo el instituto de topes del 20% conforme a lo que establecía el artículo 2de las leyes impositivas N° 13.930 Y 14.044.
Además, que “contemple la posibilidad de aquellos contribuyentes que hayan efectuado el pago del impuesto inmobiliario se les restituya los montos abonados en exceso”.
El proyecto, presentado por el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto, fue aprobado por 21 votos a favor. Votaron en contra el Partido Justicialista (Santiago Cafiero y Leonardo Martín) y Agrupación Ciudadana (Pablo Chamatrópulos).
Lo cierto es que con el incremento de este gravamen los reclamos y denuncias de vecinos sanisidrenses se multiplicaron a principio de año. Y los contribuyentes de clase media fueron los más afectados, explica el documento que adjunta boletas con subas en las cuotas anuales que alcanzaron el 700% de aumento.
“Es falso que el fisco provincial busca una mayor equidad tributaria con esta medida, ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales”, reza el expediente.
La resolución aprobada sostiene que “el criterio que la Provincia utilizó para aplicar este impuesto a la tierra resulta irracional, distorsivo y regresivo en materia económica”. Y explica:
“Es irracional, porque incentiva a vender la propiedad para alquilar, ya que de esa forma el afectado no se vería alcanzado por el impuesto inmobiliario. Distorsivo, ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada persona y así genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta. Y regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra”.
Por último, el cuerpo considera que “estas políticas tributarias sancionan el progreso de aquellas familias que volcaron su esfuerzo y ahorro en obtener una mejor vivienda, algo que termina beneficiando al barrio y, por ende, la calidad de vida. Pero, al parecer el mensaje del gobierno bonaerense a la sociedad es que no mejore su casa, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario”.
Frente a esta situación, el HCD le solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que limite dichos aumentos restituyendo el instituto de topes del 20% conforme a lo que establecía el artículo 2de las leyes impositivas N° 13.930 Y 14.044.
Además, que “contemple la posibilidad de aquellos contribuyentes que hayan efectuado el pago del impuesto inmobiliario se les restituya los montos abonados en exceso”.
El proyecto, presentado por el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto, fue aprobado por 21 votos a favor. Votaron en contra el Partido Justicialista (Santiago Cafiero y Leonardo Martín) y Agrupación Ciudadana (Pablo Chamatrópulos).
Lo cierto es que con el incremento de este gravamen los reclamos y denuncias de vecinos sanisidrenses se multiplicaron a principio de año. Y los contribuyentes de clase media fueron los más afectados, explica el documento que adjunta boletas con subas en las cuotas anuales que alcanzaron el 700% de aumento.
“Es falso que el fisco provincial busca una mayor equidad tributaria con esta medida, ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales”, reza el expediente.
La resolución aprobada sostiene que “el criterio que la Provincia utilizó para aplicar este impuesto a la tierra resulta irracional, distorsivo y regresivo en materia económica”. Y explica:
“Es irracional, porque incentiva a vender la propiedad para alquilar, ya que de esa forma el afectado no se vería alcanzado por el impuesto inmobiliario. Distorsivo, ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada persona y así genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta. Y regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra”.
Por último, el cuerpo considera que “estas políticas tributarias sancionan el progreso de aquellas familias que volcaron su esfuerzo y ahorro en obtener una mejor vivienda, algo que termina beneficiando al barrio y, por ende, la calidad de vida. Pero, al parecer el mensaje del gobierno bonaerense a la sociedad es que no mejore su casa, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario”.
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