El presidente del Instituto de Observación y Prevención de la Inseguridad (IOPI), Dr. Alberto Cafetzoglus, en el blog que abrió la entidad, brindó claras precisiones sobre las funciones de este Instituto creado por el intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, en especial cuando cubre el rol de Comité de Crisis.
“Entendemos que éste Comité de Crisis, explica el Dr. Cafetzoglus, tiene que cumplir varias funciones: La primera es esclarecer, porque se ha notado cierta confusión conceptual entre vecinos que han venido a explicar sus problemas”.
“Es necesario insistir –subraya- en que el problema de la seguridad es problema de los Estados provinciales y del Estado Nacional. En primer lugar porque tienen el monopolio de la fuerza para la actividad de lucha contra el delito, sea para prevenir, sea para reprimir y juzgar; en segundo lugar porque tienen la facultad de legislar: el Estado Nacional sobre leyes sustantivas (Ej. Código Penal, ley sobre imputabilidad de los menores) y el Estado Provincial sobre las leyes adjetivas (organización de la justicia, códigos de procedimientos, leyes de faltas, organización de la policía provincial, etc).”
“De modo que éste Comité -especifica- tiene dos objetivos prácticos inmediatos: a)-recibir las informaciones de los vecinos sobre sus problemas puntuales. Por ejemplo, alguien que hizo una denuncia por haber sido victima de un delito y la IPP fue archivada sin mayor investigación, en cuyo caso el Comité, previa constatación y evaluación de alguna irregularidad de trámite, informará al Intendente para que denuncie el caso ante la autoridad provincial competente y hasta, eventualmente, pueda requerir juicio político conforme la ley 8085 y sus modificatorias, y/o efectúe otras gestiones útiles y/o convenientes.
b)-recibir propuestas de los vecinos, que serán evaluadas y hechas llegar al Intendente para que, de ser viables, considere su instrumentación -si caen dentro de su competencia-, o las lleve a las autoridades provinciales o nacionales que en el caso concreto la tengan”.
El Dr. Cafetzoglus recuerda que el Comité de Crisis invita absolutamente a todos los vecinos “a exponer sus problemas, sea personalmente en las reuniones que efectúa, sea mediante comunicación electrónica a la página que tiene el instituto: http://www.ipopredi.blogspot.com/ o bien mediante correo electrónico a ipopredi@gmail.com . Aspiramos a que ésta página sea una vía de comunicación rápida y diaria que dé máxima agilidad al organismo en conexión con los vecinos”.
A continuación se refiere al concepto de delito. “Queremos reiterar una vez más –dice- algo que venimos percibiendo y exponiendo cada vez que aparece la oportunidad, y que, de alguna manera ha sido sintetizado por la resolución del Honorable Concejo Deliberante que declarara la emergencia: según un clásico de la Sociología, Herbert Spencer, el delito, antes que nada está directamente vinculado a como se gobierna. Su problemática es como una mesa de varias patas: algunas son deudas sociales de vieja data que requieren emprendimientos estratégicos cuidadosamente delineados, y que producirán sus efectos a largo plazo, verbigracia: exclusión social, disolución familiar, menores sin infancia ni contención librados a la ley de la selva de la calle, abusados, explotados, ‘nihilizados’, sin educación adecuada o directamente sin ningún tipo de educación; abolición de hecho, del principio de los premios y castigos; desempleo; abolición también de hecho del esfuerzo y sustitución por la dádiva; etc, etc.”.
“Otras –continúa- son deudas que requieren acción inmediata para producir efectos inmediatos, como por ejemplo, aumentar adecuadamente la efectividad de la Policía, no solo dotándola de medios materiales en cantidad suficiente, sino capacitándola profesionalmente al máximo, y darle el respaldo político que necesita”.
“Hoy si un policía le levanta la voz a un sospechoso, es probable que al día siguiente tenga que declarar ante un fiscal por supuesto apremio psicológico. Con ésta suerte de criminalización ‘ab initio’ de las fuerzas de seguridad, tenemos una policía ‘achicada’, que además carece de la posibilidad real, cierta, de efectuar inteligencia predelictual, lo que le impide prevenir, anticiparse al hecho criminal para frustrarlo. De hecho se le niega actuar ex ante y solo se le permite actuar ex post, con lo que el concepto de prevención en rigor de verdad no existe.
“Por otra parte y paralelamente –prosigue- se ha caído en un error conceptual: la Justicia no está para reprimir sino para administrar justicia. Consecuentemente se cree equivocadamente que con reformas a la ley procesal penal se va a solucionar el problema de la inseguridad. No. Se puede lograr una mejor o peor forma de administrar justicia, que es otra cosa muy distinta de la prevención. Se ha eliminado, desde un punto de vista de una ideología jurídico penal que aparece errónea, según se ve diariamente en la vida del país, una realidad social y hasta biológica, que es la ‘peligrosidad’.Hoy hablar de peligrosidad es como emplear una mala palabra”.
Al referirse a la problemática de la minoridad sumergida en el delito, expresa que “los menores, semi imputables (16 a 18 años), o inimputables (debajo de los 16 años), con sus cerebros destruidos por la droga, e instalado en sus mentes un nihilismo total (porque todo lo que debía contenerlos o nunca existió o fue destruido por la falta de políticas de Estado), cuando matan alevosamente (porque salen a matar), exhiben peligrosidad, mal que le pese a la postura ideológica a que nos hemos referido antes. Y esa innegable peligrosidad exige medidas de protección social aquí y ahora. No es posible esperar a que dentro de diez o quince años una política de Estado adecuada (que debería arrancar inmediatamente), produzca menores socialmente adaptados, porque si esa es la "solución" que se visualiza, el Estado incumple la mas elemental de sus obligaciones constitucionales, que es preservar la vida y demás valores contenidos en las garantías de la Constitución Nacional, aquí y ahora.-
Alude luego a cuestiones asociadas. “En otro aspecto –dice- tenemos que el azote de la droga también recibe una mirada displicente por parte del Estado: no se radariza adecuadamente las fronteras, especialmente la del Norte; no hay ley de derribo; se pretende la despenalización de la tenencia para el propio consumo, con lo que al vendedor al menudeo se le proporciona una coartada para evadir la punibilidad si es detenido: le bastará decir que la droga que tiene es para propio consumo porque es adicto”.
Con respecto a la circulación de armas, el presidente del instituto señala que “se apunta al ciudadano que nunca delinquió y que trabaja honestamente para que entregue las armas que pudiese tener, sin advertir lo elemental: los delincuentes no entregan sus armas ni las entregarán jamás. Ellos no las registran en el RENAR (Registro Nacional de Armas). Pero el ciudadano que quiere comprar un arma para intentar defenderse frente a la enorme ausencia del Estado en este quehacer, debe cumplir caros y farragosos trámites sobre su solvencia, pago de impuestos, estado psíquico, medio de vida, etc, En tanto el delincuente adquiere o alquila armas de última generación, con numeración limada, por dos pesos, en un gran mercado ilícito respecto del cual el RENAR no existe, y que el Estado ni siquiera sueña con neutralizar”.
Por último dice que “hay muchísimo más para señalar. Lo iremos haciendo de manera sucesiva. Pero cerraremos con lo esencial: arreglar éste calamitoso problema de la seguridad, será un largo, muy largo camino. Pero es necesario tener siempre en cuenta que no se puede siquiera comenzar a transitarlo si no se tiene como punto de partida LA VERDAD que debe ser observada con honestidad y total objetividad, aunque duela. Si la queremos disimular con mala dialéctica jamás arrancaremos”.
“Entendemos que éste Comité de Crisis, explica el Dr. Cafetzoglus, tiene que cumplir varias funciones: La primera es esclarecer, porque se ha notado cierta confusión conceptual entre vecinos que han venido a explicar sus problemas”.
“Es necesario insistir –subraya- en que el problema de la seguridad es problema de los Estados provinciales y del Estado Nacional. En primer lugar porque tienen el monopolio de la fuerza para la actividad de lucha contra el delito, sea para prevenir, sea para reprimir y juzgar; en segundo lugar porque tienen la facultad de legislar: el Estado Nacional sobre leyes sustantivas (Ej. Código Penal, ley sobre imputabilidad de los menores) y el Estado Provincial sobre las leyes adjetivas (organización de la justicia, códigos de procedimientos, leyes de faltas, organización de la policía provincial, etc).”
“De modo que éste Comité -especifica- tiene dos objetivos prácticos inmediatos: a)-recibir las informaciones de los vecinos sobre sus problemas puntuales. Por ejemplo, alguien que hizo una denuncia por haber sido victima de un delito y la IPP fue archivada sin mayor investigación, en cuyo caso el Comité, previa constatación y evaluación de alguna irregularidad de trámite, informará al Intendente para que denuncie el caso ante la autoridad provincial competente y hasta, eventualmente, pueda requerir juicio político conforme la ley 8085 y sus modificatorias, y/o efectúe otras gestiones útiles y/o convenientes.
b)-recibir propuestas de los vecinos, que serán evaluadas y hechas llegar al Intendente para que, de ser viables, considere su instrumentación -si caen dentro de su competencia-, o las lleve a las autoridades provinciales o nacionales que en el caso concreto la tengan”.
El Dr. Cafetzoglus recuerda que el Comité de Crisis invita absolutamente a todos los vecinos “a exponer sus problemas, sea personalmente en las reuniones que efectúa, sea mediante comunicación electrónica a la página que tiene el instituto: http://www.ipopredi.blogspot.com/ o bien mediante correo electrónico a ipopredi@gmail.com . Aspiramos a que ésta página sea una vía de comunicación rápida y diaria que dé máxima agilidad al organismo en conexión con los vecinos”.
A continuación se refiere al concepto de delito. “Queremos reiterar una vez más –dice- algo que venimos percibiendo y exponiendo cada vez que aparece la oportunidad, y que, de alguna manera ha sido sintetizado por la resolución del Honorable Concejo Deliberante que declarara la emergencia: según un clásico de la Sociología, Herbert Spencer, el delito, antes que nada está directamente vinculado a como se gobierna. Su problemática es como una mesa de varias patas: algunas son deudas sociales de vieja data que requieren emprendimientos estratégicos cuidadosamente delineados, y que producirán sus efectos a largo plazo, verbigracia: exclusión social, disolución familiar, menores sin infancia ni contención librados a la ley de la selva de la calle, abusados, explotados, ‘nihilizados’, sin educación adecuada o directamente sin ningún tipo de educación; abolición de hecho, del principio de los premios y castigos; desempleo; abolición también de hecho del esfuerzo y sustitución por la dádiva; etc, etc.”.
“Otras –continúa- son deudas que requieren acción inmediata para producir efectos inmediatos, como por ejemplo, aumentar adecuadamente la efectividad de la Policía, no solo dotándola de medios materiales en cantidad suficiente, sino capacitándola profesionalmente al máximo, y darle el respaldo político que necesita”.
“Hoy si un policía le levanta la voz a un sospechoso, es probable que al día siguiente tenga que declarar ante un fiscal por supuesto apremio psicológico. Con ésta suerte de criminalización ‘ab initio’ de las fuerzas de seguridad, tenemos una policía ‘achicada’, que además carece de la posibilidad real, cierta, de efectuar inteligencia predelictual, lo que le impide prevenir, anticiparse al hecho criminal para frustrarlo. De hecho se le niega actuar ex ante y solo se le permite actuar ex post, con lo que el concepto de prevención en rigor de verdad no existe.
“Por otra parte y paralelamente –prosigue- se ha caído en un error conceptual: la Justicia no está para reprimir sino para administrar justicia. Consecuentemente se cree equivocadamente que con reformas a la ley procesal penal se va a solucionar el problema de la inseguridad. No. Se puede lograr una mejor o peor forma de administrar justicia, que es otra cosa muy distinta de la prevención. Se ha eliminado, desde un punto de vista de una ideología jurídico penal que aparece errónea, según se ve diariamente en la vida del país, una realidad social y hasta biológica, que es la ‘peligrosidad’.Hoy hablar de peligrosidad es como emplear una mala palabra”.
Al referirse a la problemática de la minoridad sumergida en el delito, expresa que “los menores, semi imputables (16 a 18 años), o inimputables (debajo de los 16 años), con sus cerebros destruidos por la droga, e instalado en sus mentes un nihilismo total (porque todo lo que debía contenerlos o nunca existió o fue destruido por la falta de políticas de Estado), cuando matan alevosamente (porque salen a matar), exhiben peligrosidad, mal que le pese a la postura ideológica a que nos hemos referido antes. Y esa innegable peligrosidad exige medidas de protección social aquí y ahora. No es posible esperar a que dentro de diez o quince años una política de Estado adecuada (que debería arrancar inmediatamente), produzca menores socialmente adaptados, porque si esa es la "solución" que se visualiza, el Estado incumple la mas elemental de sus obligaciones constitucionales, que es preservar la vida y demás valores contenidos en las garantías de la Constitución Nacional, aquí y ahora.-
Alude luego a cuestiones asociadas. “En otro aspecto –dice- tenemos que el azote de la droga también recibe una mirada displicente por parte del Estado: no se radariza adecuadamente las fronteras, especialmente la del Norte; no hay ley de derribo; se pretende la despenalización de la tenencia para el propio consumo, con lo que al vendedor al menudeo se le proporciona una coartada para evadir la punibilidad si es detenido: le bastará decir que la droga que tiene es para propio consumo porque es adicto”.
Con respecto a la circulación de armas, el presidente del instituto señala que “se apunta al ciudadano que nunca delinquió y que trabaja honestamente para que entregue las armas que pudiese tener, sin advertir lo elemental: los delincuentes no entregan sus armas ni las entregarán jamás. Ellos no las registran en el RENAR (Registro Nacional de Armas). Pero el ciudadano que quiere comprar un arma para intentar defenderse frente a la enorme ausencia del Estado en este quehacer, debe cumplir caros y farragosos trámites sobre su solvencia, pago de impuestos, estado psíquico, medio de vida, etc, En tanto el delincuente adquiere o alquila armas de última generación, con numeración limada, por dos pesos, en un gran mercado ilícito respecto del cual el RENAR no existe, y que el Estado ni siquiera sueña con neutralizar”.
Por último dice que “hay muchísimo más para señalar. Lo iremos haciendo de manera sucesiva. Pero cerraremos con lo esencial: arreglar éste calamitoso problema de la seguridad, será un largo, muy largo camino. Pero es necesario tener siempre en cuenta que no se puede siquiera comenzar a transitarlo si no se tiene como punto de partida LA VERDAD que debe ser observada con honestidad y total objetividad, aunque duela. Si la queremos disimular con mala dialéctica jamás arrancaremos”.
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