El Concejo Deliberante de San Isidro, en sesión extraordinaria (cuarta del año) pidió hoy el traslado del Fuero Penal Departamental de San Isidro “a una zona de mejor accesibilidad y que disminuya la conflictividad que genera su actual emplazamiento”.
La resolución aprobada esta tarde consta de seis artículos y en ella pide a las autoridades provinciales competentes que “inicien las acciones tendientes a recuperar los predios de su propiedad, sitos en la calle Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, actualmente ocupados por una concesión a favor de la entidad civil conocida como “DIMA”, quien a su vez permite una explotación comercial en los mismos, a fin que en ellos se traslade la mayor cantidad de actividades desarrolladas por el Fuero Penal Departamental”.
A la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al gobernador y al Ministerio de Justicia bonaerenses, pidió un amplio informe sobre las acciones desarrolladas tendientes a la construcción y puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de San Isidro, como así también de aquellas propuestas elaboradas respecto al traslado de cualquier Fuero Departamental.
Solicita también a estos organismos que “cualquier emplazamiento de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades jurisdiccionales del Departamento Judicial de San Isidro, cuenten con las respectivas autorizaciones municipales y se erijan en zonas con uso conforme al Código de Ordenamiento urbano vigente”.
En la exposición de motivos, que forma parte de la resolución, se expresa que “una importante cantidad de vecinos de ‘La Horqueta y barrios aledaños’ plantean su oposición” al proyecto promovido por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires “de traslado sobre la calle Uruguay de los Tribunales Orales del Fuero Penal”.
Más adelante recuerda que el cuerpo se pronunció “en reiteradas oportunidades respecto a la necesidad de una nueva ubicación para los Tribunales de San Isidro, en la convicción de que la solución definitiva será la construcción de la ‘Ciudad Judicial’ radicada en una zona de mejor accesibilidad y que no provoque graves impactos con su entorno urbano y social”
Y añade que hace más de 10 años el Colegio de Abogados de San Isidro, junto a otras entidades profesionales y el gobierno municipal elevaron a las autoridades provinciales competentes un proyecto de traslado del Fuero Penal.
Allí sugirieron, entonces, la utilización de terrenos de propiedad de la Pcia. de Buenos Aires ubicados sobre la calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Boulogne.
“Por ello –dice- este Cuerpo ratifica la petición que oportunamente hiciera el Departamento Ejecutivo, de traslado al predio propuesto, ya que el mismo cuenta con instalaciones construidas en aproximadamente 5.000 m2 con oficinas, espacios para estacionamiento interior y próximo a la Ruta Panamericana y Autopista del Buen Ayre”.
Rechaza luego el eventual traslado de cualquier actividad judicial a terrenos de la ex usina “Santa Elena” sobre la calle Alsina de la Ciudad de San Isidro y que son propiedad de la Corte de Justicia bonaerense y expresa que si bien la administración de Justicia es de competencia exclusiva de la Provincia de Buenos Aires “tanto como que la regulación del funcionamiento de las actividades públicas y privadas que se desarrollen dentro de los ámbitos territoriales de los municipios, son competencia de los gobiernos locales, situación que debe ser respetada por todos los organismos nacionales y provinciales a fin de preservar el respeto irrestricto a las autonomías municipales contempladas en las constituciones Nacional y Provincial, situaciones que lamentablemente no siempre han sido contempladas por estamentos superiores del Estado”.
Arquitectura sustentable
En otro orden, y en sintonía con las modificaciones aprobadas al Código de Ordenamiento Urbano (COU) el deliberativo aprobó un proyecto de comunicación dirigido al ejecutivo municipal para que, a través de organismo competente “implemente en todos los casos en los cuales se acredite fehacientemente que la documentación de obra presentada se haya incluido dentro de lo que se considera Arquitectura Sustentable, una compensación significativa en el pago de los Derechos de Construcción, atendiendo los elementos que han sido tenidos en cuenta para considerar dicha propuesta dentro de dicha categoría”.
En los fundamentos se expresa que la construcción sustentable “constituye una manera de satisfacer los requisitos de vivienda e infraestructura del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras y debe considerarse, no como una opción de futuro, sino como una necesidad del presente, al momento de diseñar y construir nuevos desarrollos habitacionales” y que “no es un problema económico, sino humano y cultural” y por lo tanto “necesario que los inversionistas conozcan cómo pueden participar en el cambio y llevar la edificación a una mayor responsabilidad con el medio ambiente”.
Según el cuerpo, la sustentabilidad arquitectónica se logra utilizando elementos integrados al proyecto, como ser: incorporar calentadores solares; incrementar el aislamiento térmico tanto en muros como en techos y ventanas; adoptar lámparas que ahorren energía y utilizar mecanismos economizadores de agua así como implementar la construcción de azoteas verdes.
Para acceder a la categoría de arquitectura sustentable y que da un puntaje individual cuya sumatoria será el beneficio a percibir, el proyecto debe tener en cuenta: El emplazamiento y evaluación medioambiental; orientación y aprovechamiento de las energías pasivas; sistemas constructivos; materiales de construcción saludables; eficiencia energética y generación de la misma por fuentes renovables; emisiones y residuos, reciclado de estructuras y materiales y economía e impacto ambiental.
Funcionamiento y autoridades de comisiones
También, fueron dadas a conocer las autoridades, días y horarios de funcionamiento de las comisiones que trabajaran sobre los expedientes ingresados y producirán despacho. Ellas son: Presupuesto y Hacienda: Presidente Daniel Giovanelli, secretario Marcos Hilding Ohlsson (se reúne los jueves a las 10); Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto: presidenta Aurora Bastidas, secretaria, Juana Posse (se reúne los jueves a las 12); Legislación, Interpretación y Reglamento: presidente Pablo Fontanet, secretario Martín Muñoz Codina (se reúne los lunes a las 12); Medio Ambiente y Seguridad: presidenta María del Pilar Roca de Korger, secretario Carlos Bologna (se reúne los lunes a las 10); Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y Minoridad: presidenta Silvana Oronel, secretario Leandro Martín (se reúne los miércoles a las 10); Obras Públicas I: presidente Andrés Rolón, secretario Carlos Castellano (se reúne los martes a las 12); Obras Públicas II: presidenta Margarita Pinedo, secretario Ricardo Aragona (se reúne los martes a las 10).
Por último, el cuerpo aprobó la solicitud de licencia por el término de 30 días, a partir del 4 de enero próximo, del intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse.
No obstante, en el mensaje enviado por el jefe comunal se aclara que debido a compromisos y obligaciones de gobierno “que hacen imprescindible mi presencia, no me resulta posible informar en forma precisa las fechas entre las cuales haré uso de la misma, aunque tendrá lugar en el transcurso de los meses de enero y febrero de 2010”.
La resolución aprobada esta tarde consta de seis artículos y en ella pide a las autoridades provinciales competentes que “inicien las acciones tendientes a recuperar los predios de su propiedad, sitos en la calle Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, actualmente ocupados por una concesión a favor de la entidad civil conocida como “DIMA”, quien a su vez permite una explotación comercial en los mismos, a fin que en ellos se traslade la mayor cantidad de actividades desarrolladas por el Fuero Penal Departamental”.
A la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al gobernador y al Ministerio de Justicia bonaerenses, pidió un amplio informe sobre las acciones desarrolladas tendientes a la construcción y puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de San Isidro, como así también de aquellas propuestas elaboradas respecto al traslado de cualquier Fuero Departamental.
Solicita también a estos organismos que “cualquier emplazamiento de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades jurisdiccionales del Departamento Judicial de San Isidro, cuenten con las respectivas autorizaciones municipales y se erijan en zonas con uso conforme al Código de Ordenamiento urbano vigente”.
En la exposición de motivos, que forma parte de la resolución, se expresa que “una importante cantidad de vecinos de ‘La Horqueta y barrios aledaños’ plantean su oposición” al proyecto promovido por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires “de traslado sobre la calle Uruguay de los Tribunales Orales del Fuero Penal”.
Más adelante recuerda que el cuerpo se pronunció “en reiteradas oportunidades respecto a la necesidad de una nueva ubicación para los Tribunales de San Isidro, en la convicción de que la solución definitiva será la construcción de la ‘Ciudad Judicial’ radicada en una zona de mejor accesibilidad y que no provoque graves impactos con su entorno urbano y social”
Y añade que hace más de 10 años el Colegio de Abogados de San Isidro, junto a otras entidades profesionales y el gobierno municipal elevaron a las autoridades provinciales competentes un proyecto de traslado del Fuero Penal.
Allí sugirieron, entonces, la utilización de terrenos de propiedad de la Pcia. de Buenos Aires ubicados sobre la calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Boulogne.
“Por ello –dice- este Cuerpo ratifica la petición que oportunamente hiciera el Departamento Ejecutivo, de traslado al predio propuesto, ya que el mismo cuenta con instalaciones construidas en aproximadamente 5.000 m2 con oficinas, espacios para estacionamiento interior y próximo a la Ruta Panamericana y Autopista del Buen Ayre”.
Rechaza luego el eventual traslado de cualquier actividad judicial a terrenos de la ex usina “Santa Elena” sobre la calle Alsina de la Ciudad de San Isidro y que son propiedad de la Corte de Justicia bonaerense y expresa que si bien la administración de Justicia es de competencia exclusiva de la Provincia de Buenos Aires “tanto como que la regulación del funcionamiento de las actividades públicas y privadas que se desarrollen dentro de los ámbitos territoriales de los municipios, son competencia de los gobiernos locales, situación que debe ser respetada por todos los organismos nacionales y provinciales a fin de preservar el respeto irrestricto a las autonomías municipales contempladas en las constituciones Nacional y Provincial, situaciones que lamentablemente no siempre han sido contempladas por estamentos superiores del Estado”.
Arquitectura sustentable
En otro orden, y en sintonía con las modificaciones aprobadas al Código de Ordenamiento Urbano (COU) el deliberativo aprobó un proyecto de comunicación dirigido al ejecutivo municipal para que, a través de organismo competente “implemente en todos los casos en los cuales se acredite fehacientemente que la documentación de obra presentada se haya incluido dentro de lo que se considera Arquitectura Sustentable, una compensación significativa en el pago de los Derechos de Construcción, atendiendo los elementos que han sido tenidos en cuenta para considerar dicha propuesta dentro de dicha categoría”.
En los fundamentos se expresa que la construcción sustentable “constituye una manera de satisfacer los requisitos de vivienda e infraestructura del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras y debe considerarse, no como una opción de futuro, sino como una necesidad del presente, al momento de diseñar y construir nuevos desarrollos habitacionales” y que “no es un problema económico, sino humano y cultural” y por lo tanto “necesario que los inversionistas conozcan cómo pueden participar en el cambio y llevar la edificación a una mayor responsabilidad con el medio ambiente”.
Según el cuerpo, la sustentabilidad arquitectónica se logra utilizando elementos integrados al proyecto, como ser: incorporar calentadores solares; incrementar el aislamiento térmico tanto en muros como en techos y ventanas; adoptar lámparas que ahorren energía y utilizar mecanismos economizadores de agua así como implementar la construcción de azoteas verdes.
Para acceder a la categoría de arquitectura sustentable y que da un puntaje individual cuya sumatoria será el beneficio a percibir, el proyecto debe tener en cuenta: El emplazamiento y evaluación medioambiental; orientación y aprovechamiento de las energías pasivas; sistemas constructivos; materiales de construcción saludables; eficiencia energética y generación de la misma por fuentes renovables; emisiones y residuos, reciclado de estructuras y materiales y economía e impacto ambiental.
Funcionamiento y autoridades de comisiones
También, fueron dadas a conocer las autoridades, días y horarios de funcionamiento de las comisiones que trabajaran sobre los expedientes ingresados y producirán despacho. Ellas son: Presupuesto y Hacienda: Presidente Daniel Giovanelli, secretario Marcos Hilding Ohlsson (se reúne los jueves a las 10); Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto: presidenta Aurora Bastidas, secretaria, Juana Posse (se reúne los jueves a las 12); Legislación, Interpretación y Reglamento: presidente Pablo Fontanet, secretario Martín Muñoz Codina (se reúne los lunes a las 12); Medio Ambiente y Seguridad: presidenta María del Pilar Roca de Korger, secretario Carlos Bologna (se reúne los lunes a las 10); Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y Minoridad: presidenta Silvana Oronel, secretario Leandro Martín (se reúne los miércoles a las 10); Obras Públicas I: presidente Andrés Rolón, secretario Carlos Castellano (se reúne los martes a las 12); Obras Públicas II: presidenta Margarita Pinedo, secretario Ricardo Aragona (se reúne los martes a las 10).
Por último, el cuerpo aprobó la solicitud de licencia por el término de 30 días, a partir del 4 de enero próximo, del intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse.
No obstante, en el mensaje enviado por el jefe comunal se aclara que debido a compromisos y obligaciones de gobierno “que hacen imprescindible mi presencia, no me resulta posible informar en forma precisa las fechas entre las cuales haré uso de la misma, aunque tendrá lugar en el transcurso de los meses de enero y febrero de 2010”.
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